COMENTARIOS AL PROYECTO DE OBSERVACIÓN GENERAL Nº 36 SOBRE EL ARTÍCULO 6º DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DEL COMITÉ DE DERECHO HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

I.         Presentación Institucional

Plataforma-C es una institución dedicada a promover la difusión de los valores cristianos en la política. Por ello, esta oportunidad idónea para que en el marco de la elaboración de la Observación General N° 36 contribuyamos con la reflexión sobre el contenido del Derecho a la Vida – Artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

II.       La protección del “derecho a la vida” en el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Siguiendo el contenido del Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce que:

1º.      El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2º.     En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.

3º.     Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

4º.     Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

5º.     No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6º.     Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

De ahí que, desentrañando el contenido de los seis parágrafos de dicho articulado, colegimos las siguientes consideraciones:

  1. Reconoce que el derecho a la vida es inherente a todo ser humano. Es decir, es un atributo que, siguiendo la definición propuesta por la Real Academia de la Lengua Española, es esencial y permanente a su ser, no pudiendo separarse de él pues forma parte de su naturaleza y no depende de algo externo.

Concibiendo, entonces, al derecho a la vida como aquél que le corresponde a todo ser humano por el simple hecho de serlo; y, al pretender negárselo, se intenta desconocer también la categoría ontológica a la que pertenece.

En el parágrafo 1º se prescribe también que, dada la suma importancia de la protección de este derecho (por ser inherente) debe ser protegido adecuadamente por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, obliga a cada Estado-Parte del Tratado a que proteja la vida de todos los seres humanos y condene a todo aquél que pretenda violentar esta prescripción.

 

  1. Considerando la importancia capital de la vida de todo ser humano, sólo podrá imponerse la pena de muerte, por respeto a la autonomía y soberanía interna, en aquellos Estados-Parte que previo procedimiento legal la sigan considerando en su legislación interna al momento de la suscripción del Tratado en cuestión.

Por ello, a pesar que la ratio iure del Pacto es proscribir fehacientemente cualquier tipo de atentado en contra de la vida, en respeto a la legislación interna de cada Estado-Parte, considera que de seguirse un procedimiento legal regular y haber sido sentenciado así por un Tribunal Competente respecto de delitos capitales, podrá imponerse la pena de muerte, sólo en aquellos casos en que ésta haya sido prevista con anterioridad a la firma del Tratado.

 

  1. A la vez, y para delimitar el ejercicio de la prerrogativa contenida en el parágrafo 2º, explicita que ninguna de esas actuaciones podrá eximir al Estado-Parte de cumplir con las obligaciones asumidas respecto de la prevención y sanción del delito de genocidio.

Es decir, siguiendo la línea protectora de la vida en toda circunstancia: especifica que la aplicación de la pena de muerte en las circunstancias señaladas en el parágrafo anterior, no son justificación o pretexto para desconocer las obligaciones contraídas respecto de la proscripción del delito de genocidio.

  1. Considerando que la pena de muerte, al ser una sanción irreversible y extrema no es acorde con los principios protectores de la vida que inspiran la redacción del Tratado, se prescribe que la persona condenada a muerte podrá solicitar la amnistía, indulto o conmutación de la pena sin importar el tipo de delito que dio lugar a dicha condena.

Así, en un intento de salvaguardar el carácter valiosísimo de la vida de todo ser humano, se toma en cuenta la posibilidad que ante la condena a muerte, el Estado-Parte a través del organismo competente y evaluando la situación del condenado en la comisión de cualquiera de los delitos considerados como merecedores de una sanción semejante, lo perdone total o parcialmente; o en su caso, permita el cumplimiento de una condena diferente a la pena capital.

 

  1. El Tratado estipula que no se impondrá la pena de muerte a, de un lado, personas menores de 18 años de edad, por tratarse de sujetos considerados inimputables en la mayoría de las legislaciones internas de los Estados-Parte y por ser tales, no pueden asumir plena responsabilidad por sus acciones, ser considerados culpables ante la sociedad y el Estado, ni –en consecuencia- pueden someterse a la aplicación de una sanción tan drástica como la pena capital.

Y de otro lado, tampoco se impondrá la pena capital a mujeres en estado de gravidez, pues ésta al llevar a otro ser humano en su vientre y dependiendo de ella la vida de aquél, si se ejecuta a la madre, se dará muerte también al niño. De ahí que, al ser considerada culpable sólo la madre, se cometería una grave injusticia castigando con la muerte y sin motivo alguno al niño, sólo por el hecho de encontrarse en su seno.

 

  1. Impone una cláusula cerrada de interpretación del presente artículo, señalando que bajo ninguna línea interpretativa podrá invocarse la permisión de algún Estado-Parte respecto de la sustracción de la vida de algún ser humano. Con ello, proscribe fehacientemente la aplicación de la pena de muerte a aquellos Estados que no la habían incorporado en su legislación al momento de la suscripción del Tratado.

III.    La protección del “derecho a la vida de todo ser humano”, sin excepción.

De acuerdo a la perspectiva del contenido del Artículo 6º explicitado en las líneas anteriores, consideramos pertinente resaltar algunos aspectos que coadyuvarán a una mejor aplicación de dicho Artículo y por ende, en un estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados-Parte.

  1. Es necesario destacar el espíritu protector de toda vida humana que inspiró la redacción del Artículo sub análisis; ya que, es el único derecho en todo el Pacto que es reconocido como inherente y con ello adquiere una categoría de especial protección, pues la vida humana tiene un valor tan significativo que cualquier atentado respecto de ella, acaba con el ser humano. En otras palabras, con éste Artículo se pretende proteger la vida de todo ser humano por considerarse extremadamente valiosa a tal grado que, debe ser protegida incondicionalmente por todos los Estados-Parte, los cuales no deben permitir la comisión de algún atentado en contra de ella.

De ahí que, como corolario de lo anterior, se proteja la vida de todo ser humano: antes y después de su nacimiento, sin importar su edad, sexo, condición económica o social, discapacidades, o cualquier otro aspecto que pretenda justificar alguna causal de discriminación. Dicha precisión, cobra radical importancia respecto del tratamiento y protección debidos a la vida humana no nacida en cualquiera de sus circunstancias (in vivo o in vitro).

Al referirnos a la vida humana necesariamente hacemos referencia al ser humano que está –precisamente- vivo y por ende, al continuo proceso que implica su desarrollo y que se inicia a partir de la fecundación; es decir, desde el instante de la fusión de los núcleos de los gametos humanos (singamia) que generan a un nuevo ser de la especie humana, una persona humana.

Por ello, independientemente del lugar donde se lleve a cabo la fecundación o unión de gametos humanos: in vivo o in vitro, el nuevo ser (humano) merece un reconocimiento como tal y la más amplia protección de acuerdo a las obligaciones contraídas por el presente Pacto y los derechos reconocidos por la legislación de cada Estado-Parte.

Y tratándose de un derecho que posibilita el ejercicio de todos los demás, no admite una interpretación restrictiva y menos aún, que se le niegue la condición humana a aquellos individuos humanos concebidos mediante nuevas tecnologías, pues independientemente del lugar donde se llevó a cabo la fecundación, son hijos de padres humanos y por tanto, merecen la misma protección y tratamiento que aquellos que fueron concebidos naturalmente. En ese sentido vale recalcar que, el momento determinante del inicio del proceso vital de todo ser humano es la fecundación por surgir en ese instante de modo irreversible, un ser único e irrepetible con una configuración genética propia y que de no interrumpirse su ciclo vital, se desarrollará hasta dejar el vientre materno

Esta interpretación, es acorde no sólo con la literalidad de lo expuesto en el mencionado Artículo 6º, sino también con los principios pro debilis y pro homine que inspiraron la redacción del Tratado y que son considerados en su Preámbulo[1] .  El primero de aquellos nos indica que, debemos proteger a toda costa a ese nuevo ser humano por tratarse de un ser en una especial situación de vulnerabilidad y que merece todos los cuidados y atenciones que podamos prodigarle; y de otro lado, en consideración al principio pro homine, existe la obligación legal de que aún ante la duda (a este punto irrazonable dados los avances científicos) de si se trata o no de un ser humano, debemos considerarlo como humano pues es la consideración que le favorece más y por tanto, lo protege más ampliamente.

 

  1. Es el parágrafo 5º el que refuerza la protección a la vida humana aún no nacida, al estipular que no se podrá imponer la pena de muerte como castigo a una mujer embarazada. Lo anterior, porque al alojarse el niño en el vientre materno, necesita de éste para subsistir y continuar desarrollándose y por tanto, si la madre muere, muere también el niño que lleva en su vientre y éste es inocente de la culpa por la que se sancionó a la madre con la pena capital.

Este argumento es reforzado por las consideraciones hechas en los trabajos preparatorios al Pacto en cuestión; los cuales tienen, en base al Artículo 32 de la Convención de Viena, la calidad de medios de interpretación complementarios al Pacto. Y éstos señalan que las razones por las que se consideró que no se aplique la pena de muerte a una mujer embarazada fueron: a) proteger la vida del niño no nacido que era inocente[2], y b) razones humanitarias respecto de la consideración de los intereses del niño no nacido[3].

Por tanto, el Pacto protege al ser humano aún no nacido, reconociendo su derecho inherente a la vida y estableciendo como obligación a los Estados-Parte, el respetarla incluso en el contexto de la sanción con pena de muerte a su madre.

Ésta consideración no podría ser de otra manera, puesto que es este mismo Tratado el que proscribe cualquier tipo de discriminación y considerar que el ser humano no nacido no es merecedor de la protección jurídica de su vida sería discriminarlo por: el ambiente donde vive (vientre materno), el status de su nacimiento (en este caso, no nacido aún), por su edad (meses de gestación de la madre) y en el caso del páragrafo sub análisis, por la situación de sus padres (madre condenada a muerte).

 

  1. Por último y teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 7º del Pacto, por el cual se rechaza cualquier forma de tortura o practica inhumana hacia los seres humanos; debemos reafirmar que siendo el no nacido un ser humano que merece la misma e incluso -en razón de su especial situación de vulnerabilidad- mayor protección jurídica; cualquier práctica que intente soslayar su salud o su vida, debe ser considerada como una forma de tortura o práctica inhumana. Puesto que, al no poder defenderse por sí mismo y depender para su desarrollo prenatal del vientre de su madre, cualquier tipo de accionar que pretenda despojarlo arbitrariamente de ese ambiente, someterlo a tratamientos quirúrgicos o farmacológicos que terminarían con su vida o agravarían su salud en cualquier estadío de su desarrollo, constituyen una forma de tortura o práctica inhumana.

Por ello, paralizar arbitrariamente el desarrollo embrionario como ocurre en el caso del uso de las tecnologías reproductivas y la crioconservación de embriones, es suspender determinada y –en la mayoría de casos- indeterminadamente el desarrollo normal que debe seguir un cigoto; es decir, al crioconservar embriones se paraliza su desarrollo y con ello, se suspende su vida, la vida de un ser humano, la vida que según el Pacto debemos custodiar, proteger y defender. Y sometiéndola a prácticas científicas innecesarias, se violenta su dignidad como persona humana y podría traer, gravísimas consecuencias para su salud y posterior desarrollo pre-natal y post-natal.

La situación de tortura o práctica inhumana podría agravarse, si tomamos en consideración los casos de aborto, los cuales están dirigidos a dar muerte al embrión o feto, según se trate de acuerdo al grado de desarrollo gestacional. Pues, es sabido, que en la medida que el tiempo de embarazo es mayor, el sufrimiento del niño en el vientre al momento de practicar el aborto, también aumenta hasta el momento en que producto del accionar fármaco-quirúrgico, muere.

De lo expresado ad supra, puede colegirse que bajo ningún contexto y dado el espíritu protector de toda vida humana que inspiró la redacción del Pacto, éste contiene alguna interpretación que permita desamparar a la vida humana no nacida tanto respecto de los embriones crioconservados, como de aquellos ya implantados.

IV.    Conclusión.

Dados los argumentos expuestos en el presente documento, es innegable el espíritu protector de la vida de todos los seres humanos que inspiró la redacción del Artículo 6º y en mérito del cumplimiento del principio pacta sunt servanda que nos obliga legalmente a respetar el contenido de los compromisos contraídos, sólo es posible interpretar dicho Artículo de la forma en que proteja de manera más propia y amplia la vida de todos los seres humanos.

[1] “Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”

[2] Reporte al Tercer Comité para la 12º Sesión de la Asamblea General, 5 de Diciembre de 1957.

[3] Reporte a la Secretaría General para la 10º Sesión de la Asamblea General, 1 de Julio de 1955.

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