El informe periódico del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Resolución 1701: algo revelador, aún en su mayor parte encubridor

Assaf Orion
Assaf Orion, The Institue for National Security Studies

InsS Insight No. 1154, 29 de marzo de 2019

El tema más destacado en el reciente informe del secretario general de la ONU sobre la implementación de la Resolución 1701 son los túneles de ataque de Hezbolá excavados desde el Líbano hacia Israel, expuestos y neutralizados durante la Operación Escudo del Norte de las FDI.

Los esfuerzos de Israel en este sentido, desde las acciones en el terreno hasta la actividad diplomática, expusieron dimensiones adicionales de la realidad desafiante en el sur del Líbano, en particular la coordinación de actividades de Hezbolá con el gobierno libanés y sus fuerzas armadas. A la luz de las evidentes restricciones a las operaciones de la FPNUL, así como a su eficacia y perspectivas, no existe una justificación para el tamaño de su fuerza actual, y sería aconsejable esforzarse por reducir su tamaño y reducir sus recursos. En el contexto de tendencias más amplias.

El informe periódico del secretario general de la ONU sobre la implementación de la Resolución 1701 desde finales de octubre de 2018 hasta la primera mitad de febrero de 2019 se publicará en breve. Primero en la agenda del informe está el tema de los túneles de Hezbollah, que fueron expuestos y neutralizados por las FDI durante la Operación Northern Shield entre el 4 de diciembre de 2018 y el 13 de enero de 2019. En su conclusión, el secretario general declara que “el incumplimiento de La Resolución 1701 aumenta el riesgo de tensiones y una posible escalada “, que “está sumamente preocupado por la existencia de túneles que cruzan la Línea Azul en violación de la Resolución 1701”, y que “alienta a las Fuerzas Armadas Libanesas a emprender todo Investigaciones necesarias en el lado libanés con respecto a los túneles y para garantizar que ya no representen un riesgo para la seguridad.

Según el informe, las FDI anunciaron que descubrieron seis túneles, la FPNUL verificó la existencia de cinco túneles al sur de la Línea Azul y concluyeron que dos de ellos (cerca de Metulla y Zarit) efectivamente cruzaron la Línea Azul. La razón de la discrepancia: debido a los obstáculos y la “poca visibilidad dentro de los túneles”, UNIFIL no pudo verificar los hallazgos de las IDF sobre los seis túneles dentro del territorio israelí. En el Líbano, la fuerza de la FPNUL encontró más que dificultades de visibilidad: el 24 de diciembre de 2018, las FDI vertieron concreto líquido en los túneles de Metulla, al sur de Kafr Kila. Dos días después, los observadores de la ONU percibieron un flujo de concreto de un gallinero (anteriormente una fábrica de concreto) en el pueblo, unos cien metros al norte de la Línea Azul. Docenas de activistas “vestidos de civil” y varios vehículos, así como policías y vehículos policiales, negaron el acceso a una patrulla de la FPNUL que intentó llegar al sitio. Un escuadrón de las fuerzas armadas libanesas en el sitio no intervino. El 29 de diciembre, la fuerza de la FPNUL informó que se estaba abriendo un túnel en la fábrica que cruzaba la Línea Azul en violación de la Resolución 1701. Las solicitudes insistentes de la FPNUL a las autoridades libanesas para que tomaran medidas inmediatas a este respecto quedaron sin respuesta, y el acceso de la FPNUL a El sitio sigue siendo prevenido por las Fuerzas Armadas Libanesas, a pesar de repetidas solicitudes, con el pretexto de que el sitio en cuestión es “propiedad privada”. Un escuadrón de las fuerzas armadas libanesas en el sitio no intervino. El 29 de diciembre, la fuerza de la FPNUL informó que se estaba abriendo un túnel en la fábrica que cruzaba la Línea Azul en violación de la Resolución 1701. Las solicitudes insistentes de la FPNUL a las autoridades libanesas para que tomaran medidas inmediatas a este respecto quedaron sin respuesta, y el acceso de la FPNUL a El sitio sigue siendo prevenido por las Fuerzas Armadas Libanesas, a pesar de repetidas solicitudes, con el pretexto de que el sitio en cuestión es “propiedad privada”. Un escuadrón de las fuerzas armadas libanesas en el sitio no intervino. El 29 de diciembre, la fuerza de la FPNUL informó que se estaba abriendo un túnel en la fábrica que cruzaba la Línea Azul en violación de la Resolución 1701. Las solicitudes insistentes de la FPNUL a las autoridades libanesas para que tomaran medidas inmediatas a este respecto quedaron sin respuesta, y el acceso de la FPNUL a El sitio sigue siendo prevenido por las Fuerzas Armadas Libanesas, a pesar de repetidas solicitudes, con el pretexto de que el sitio en cuestión es “propiedad privada”.

Para cualquiera que haya monitoreado de cerca la realidad en el sur del Líbano desde 2006, el informe ofrece pocas novedades. Hezbolá mantiene la infraestructura militar prohibida y las operaciones continuas en todo el Líbano, incluso en el área bajo el mandato de la FPNUL. En su mayor parte, las operaciones se llevan a cabo en secreto bajo el disfraz de actividades civiles y están incrustadas en áreas pobladas. La FPNUL continúa sus misiones de rutina en el área (el informe menciona 14.386 operaciones militares mensuales, la mitad de las cuales son patrullas), sin hallazgos significativos. Coordina sus operaciones con las Fuerzas Armadas Libanesas, que a su vez coordinan con Hezbollah y realizan todos los esfuerzos para evitar que las fuerzas de las Naciones Unidas entren en contacto con infraestructuras y operaciones militares prohibidas y las expongan públicamente. Los activistas de Hezbolá vestidos de civil usan la fuerza para impedir la libre circulación de las tropas de la ONU, con bloqueos de carreteras, hostigamiento, amenazas y robo de equipos electrónicos; a su discreción, también recurren a la violencia, a veces letal, contra las fuerzas de la FPNUL. El acceso a sitios ilícitos, tanto en áreas pobladas como en “reservas naturales”, es impedido por el gobierno libanés con los pretextos de “propiedad privada” y derechos individuales. Los países que contribuyen a la FPNUL han internalizado el mensaje disuasorio y sus fuerzas se cuidan de no arriesgarse a exponer y avergonzar a la organización. Tanto en las áreas pobladas como en las “reservas naturales”, el gobierno libanés impide que se basen en los pretextos de “propiedad privada” y derechos individuales. Los países que contribuyen a la FPNUL han internalizado el mensaje disuasorio y sus fuerzas se cuidan de no arriesgarse a exponer y avergonzar a la organización. Tanto en las áreas pobladas como en las “reservas naturales”, el gobierno libanés impide que se basen en los pretextos de “propiedad privada” y derechos individuales. Los países que contribuyen a la FPNUL han internalizado el mensaje disuasorio y sus fuerzas se cuidan de no arriesgarse a exponer y avergonzar a la organización.

Por su parte, Israel continúa sus importantes esfuerzos de inteligencia, algunos de los cuales están documentados en el informe como violaciones del espacio aéreo soberano del Líbano: alrededor de cien violaciones y más de 260 horas de vuelo por mes, la mayoría con UAV. Los hallazgos de inteligencia de Israel le permiten mejorar su preparación para la guerra, pero también reportar las violaciones de Hezbolá y libaneses a la comunidad internacional. En su mayor parte, los funcionarios de las Naciones Unidas tratan la información recibida de Israel como meras “acusaciones”, y el informe actual señala de manera rutinaria que “las Naciones Unidas no están en posición de verificar estos informes de manera independiente”. La Operación Northern Shield permitió a Israel, para el La primera vez, no solo para exponer la infraestructura de Hezbolá en su territorio, sino también para exponer una abertura a uno de los túneles en territorio libanés (a través de inundaciones).

Debido a la exposición flagrante de los hechos en el terreno, y debajo de él, el informe utiliza una redacción más precisa de lo habitual, definiendo los túneles como una violación y atribuyendo responsabilidad al gobierno libanés. El informe reconoce las declaraciones públicas de Nasrallah de que Hezbolá está en posesión de armas, incluidos misiles de precisión, que la ONU considera una violación de la soberanía del Líbano. El informe también transmite críticas relativamente duras al encubrimiento y la postergación del gobierno libanés en la investigación del incidente del 4 de agosto de 2018, cuando una patrulla de la FPNUL fue atacada cerca de Majdal Zoun por veinte activistas, algunos de los cuales estaban armados: no solo la versión. de las Fuerzas Armadas Libanesas contradicen los resultados de la investigación de la ONU, pero ocho meses después, el gobierno no ha encontrado a los perpetradores ni ha iniciado ningún proceso legal. También es evidente la demora del gobierno libanés en la investigación y el procesamiento de ataques anteriores a la FPNUL, algunos de los cuales fueron letales, cometidos en 2014, 2011, 2007 e incluso en 1980.

Sin embargo, a pesar de la inequívoca complicidad activa del gobierno libanés en ocultar las violaciones de Hezbolá de la Resolución 1701 en contra de su compromiso público y oficial con la resolución, las Naciones Unidas continúan apoyándose en este elemento tan tenue como el componente clave de una solución a largo plazo para el teatro. Retos de seguridad. Una vez más, hace un llamado al Presidente del Líbano para que cumpla con su obligación de promover un diálogo sobre la estrategia de seguridad nacional y una vez más alienta a los países contribuyentes a que sigan invirtiendo recursos para reforzar a las Fuerzas Armadas Libanesas y su marina, esfuerzos que principalmente permiten a la comunidad internacional Demostrar alguna acción sin mucho riesgo y con poca inversión.

Para Israel, hay varias implicaciones importantes de este informe. En términos de la Operación Northern Shield y la construcción del cerco fronterizo, la FPNUL nuevamente demostró su valor, como un amortiguador moderador que reduce los riesgos de fricción a lo largo de la Línea Azul; como un enlace efectivo entre las partes; y cuando se enfrentan a hechos concretos e irrefutables, como un importante reportero al Consejo de Seguridad. Israel debe pedir a las Naciones Unidas que completen la investigación de los túneles adicionales, descubran las aberturas de túneles en territorio libanés y refuten la afirmación infundada de “propiedad privada”, un pretexto que trata de proporcionar inmunidad a las organizaciones terroristas que poseen infraestructura militar prohibida. Israel debe esforzarse por exponer recursos adicionales de Hezbollah mediante métodos similares de generación de pruebas y no solo con fotografías publicadas.

Ahora es indiscutible que a la FPNUL se le niega firmemente el acceso a la infraestructura y las operaciones de Hezbollah, y por lo tanto, no se obtiene ningún beneficio del extenso alcance de las actividades de la FPNUL o del importante despliegue de fuerzas requerido para ellas. La gran cantidad de misiones enumeradas en los informes de las Naciones Unidas sirve principalmente para crear una falsa impresión de “saturación del área” con las fuerzas de las Naciones Unidas que evitan aparentemente la actividad militar prohibida. De hecho, estos informes ayudan a ofuscar la gravedad de las violaciones constantes cometidas por Hezbolá y el gobierno libanés. Cuando estallen los combates, Israel se enfrentará a Hezbolá en un teatro saturado de fuerzas de las Naciones Unidas, lo que constituirá una grave limitación para el uso de la fuerza por parte de las FDI y un grave riesgo para las fuerzas de la ONU. Teniendo en cuenta estos dos hechos, Israel sería prudente tomar medidas para reducir significativamente el tamaño de la fuerza de la FPNUL, que actualmente cuenta con 10,315 soldados, y enfocar sus principales actividades a lo largo de la Línea Azul. Reducir el tamaño de las fuerzas de la FPNUL también es consistente con la tendencia de las Naciones Unidas de transferir algunas de las misiones de la FPNUL a la Armada y el Ejército del Líbano, donde todavía existe la expectativa de que el Líbano promoverá el despliegue de un “regimiento modelo” en el sur del Líbano.

El informe de la ONU cita las afirmaciones de Israel de que Hezbolá está armado por Irán, en el contexto de una enorme presión económica y política internacional, incluidas las sanciones de Estados Unidos a Irán y la declaración de Gran Bretaña de que Hezbolá es una organización terrorista. La FPNUL constituye una importante fuente de ingresos para el Líbano, tanto indirectamente, como resultado de los servicios que consumen las fuerzas de la FPNUL, y directamente, como resultado de los proyectos locales y el empleo de 576 trabajadores locales. Un recorte significativo en las fuerzas, la fuerza laboral y los presupuestos de UNIFIL aumentará la carga sobre Hezbollah y sobre la población que lo apoya, e intensificará las dificultades que ya enfrenta Hezbollah. Sería recomendable que Israel aliente tales cursos de acción e inste a otros países a adoptar la definición de Hezbollah como una organización terrorista.

Finalmente, los incidentes en el túnel demuestran claramente la tensión entre la realidad sobre el terreno y la política internacional que apoya a las Fuerzas Armadas Libanesas como fuente de esperanza para un estado libanés establecido. De hecho, las Fuerzas Armadas Libanesas participan activamente en la ocultación de las operaciones militares prohibidas de Hezbolá. Israel debe tomar medidas frente a los países contribuyentes, principalmente los Estados Unidos, para influir en la asistencia continua a las Fuerzas Armadas Libanesas, centrándose en misiones antiterroristas y de seguridad fronteriza (especialmente con respecto a Siria), pero también mientras hacer que la asistencia dependa de que el Líbano cumpla sus compromisos con las Resoluciones de las Naciones Unidas 1701, 1559 y otras.

Fuente: The Institue for National Security Studies

Assaf Orion es Investigador Senior, Director del programa sobre BDS y deslegitimación, Director del Programa Sobre China.

Israel al banquillo inquisidor

Bryan Acuña, CCEIIMO

El denominado “Informe de la comisión internacional de investigación independiente sobre las protestas en el territorio palestino ocupado” revelado a comienzos del mes de marzo y que se trata de un documento con 22 páginas elaborado sobre las respuestas israelíes a los movimientos de la denominada “Marcha del retorno” organizado por el grupo integrista Hamas, ha estado nuevamente sujeto a un elemento de crítica por parte de algunos actores del sistema internacional.

Ha sido casi nulo el nivel de responsabilidad que se le otorga en este caso al Hamas, quienes han destinado millones de dólares no solo a realizar las protestas semanales cerca de la frontera entre Gaza e Israel, sino promoviendo los enfrentamientos de palestinos contra el ejército, así como el envío de objetos incendiarios para causar incendios en Israel, intentos de romper la valla de separación y daños al ambiente con la quema de torres de neumáticos.

En el capítulo XIII del informe, inciso 11 se indica que:

Tanto Israel como el Estado de Palestina son parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otros tratados internacionales fundamentales de derechos humanos y los Convenios de Ginebra de 1949, y están sujetos al derecho internacional consuetudinario. Dentro de Gaza, las autoridades de facto lideradas por Hamas tienen obligaciones con los derechos humanos debido a su ejercicio de funciones similares a las del gobierno.

Sin embargo a lo anterior, en el caso del grupo Hamas que ha transformado la “Marcha del retorno” en una plataforma política para perpetuar su necropoder, han mezclado entre la población civil que protestaba de un modo “regular”, a elementos paramilitares de las Brigadas Izz al-Din al-Qassam como lo manifestó Salah Bardawil del grupo Hamas en mayo de 2018, quien además agregó que la mayoría de los muertos eran parte de su organización.

El mismo capítulo del informe pero en el inciso 12 deja en manifiesto que dicho brazo armado está obligado por el derecho internacional humanitario a proteger a los civiles, por lo tanto el mezclarse con estos y provocar disturbios que lleven a una agresión que ponga en peligro principalmente poblaciones sensibles es un delito a nivel internacional. Pero nuevamente el sesgo interpretativo de la norma (lawfare) se encarga de colocar el peso de la responsabilidad solamente sobre una de las partes, en este caso Israel, lo cual se sostiene con una mayoría de países que se van por el facilismo interpretativo de la norma y buscan golpear con el peso de la ley al Estado de Israel.

El  IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949 en su artículo 15 manifiesta lo siguiente:

Toda Parte en conflicto podrá, sea directamente sea por mediación de un Estado neutral o de un organismo humanitario, proponer a la Parte adversaria la designación, en las regiones donde tengan lugar combates, de zonas neutralizadas para proteger contra los peligros de los combates, sin distinción alguna, a las personas siguientes:

  1. Los heridos y enfermos, combatientes o no combatientes;
  2. Las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no realicen trabajo alguno de índole militar durante su estancia en esas zonas.

Es obligación de los grupos armados no poner en riesgo a población civil, así como también hay una prohibición explícita de hacerse pasar por civil siendo combatiente y a los civiles que por alguna razón se unen a la beligerancia se les deja de tratar como civiles. Hamas debió desde un punto de vista legal evitar la violencia, ya que pese a lo que el informe expresa, hay pruebas del uso de las marchas para promover enfrentamientos contra el ejército israelí, y eso es parte del desequilibrio del informe. El grupo integrista gobernante de Gaza puso en peligro población civil al convertir el movimiento popular de personas los viernes en un acto de promoción del caos y lo que es más grave, llevó población sensible a las zonas de confrontación, incluyendo personas discapacitadas y niños pequeños, para usarlos como material de propaganda.

El informe de la comisión sufre de problemas de fondo, entre estos que alguna de la información no fue recopilada en el terreno, sino basado en supuestos por datos otorgados por fuentes oficiales del Hamas y allegados. Pese a esto se prepara una segunda parte que es acusar de crímenes de lesa humanidad a oficiales israelíes, lo cual se transformará sin duda en otro teatro político, donde importará más la propaganda que la realidad y donde se dejará de lado violaciones a los DDHH en otros países donde las muertes son cosa de todos los días y donde este tipo de comisiones vuelven a ver para otro lado de forma irresponsable.